¿Cuál es la subdivisión mínima en suelo rural?
Según lo establecido en el Artículo 4o. del Decreto 097 de 2006 "Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden otras disposiciones", en ningún caso se puede autorizar la subdivisión de predios rurales en contra de lo dispuesto en la
Ley 160 de 1994
"Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones", o las normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan.
Así mismo señala que en los eventos excepcionales en los que la Ley 160 de 1994, permite fraccionamientos del suelo rural por debajo de la extensión mínima de la Unidad Agrícola Familiar - UAF, la autorización de actuaciones de edificación en los predios resultantes deberá garantizar que se mantenga la naturaleza rural de los terrenos y no dará lugar a la implantación de actividades urbanas o a la formación de nuevos núcleos de población.
¿Cuál es el área de protección o franja de ronda que se debe dejar como aislamiento sobre los cuerpos hídricos?
El artículo 10 de la Ley 388 de 1997 señala: “Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes, en especial las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
De acuerdo a lo anterior, mediante el Acuerdo 16 de 1997, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, se establece en su Artículo 1o. numeral 3.2 que estas áreas tendrán por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia de nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho, paralela al nivel máximo de aguas a cada lado de los cauces de ríos, quebradas y arroyos sean permanentes o no, y alrededor de lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general.
¿Tiene el Departamento un Plan de Ordenamiento Territorial?
La Ley 388 de 1997 es clara y precisa al señalar que los municipios y distritos son las entidades territoriales que deben adoptar en aplicación de la citada ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, el Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal.
Esto deja claro que en ningún momento la Ley 388 de 1997 establece que los Departamentos elaboren un POT. No obstante cabe precisar que la citada Ley, en el Artículo 7 establecía una serie de competencias en materia de ordenamiento del territorio, señalando para el nivel departamental, la elaboración de las directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio.
En cumplimiento de esta disposición legal, el Departamento de Cundinamarca elaboró las directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial del Departamento, las cuales fueron adoptadas mediante Ordenanza 065 de 1999.
Sin embargo, el citado Artículo fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-795-00 del 29 de junio de 2000, con lo cual igualmente perdió vigencia la Ordenanza 065.
Posteriormente y después de varios intentos de proyectos de Ley de ordenamiento territorial, con el propósito de adoptar las regulaciones que sobre la materia prevé la Constitución, finalmente en el año 2011 el Congreso de la República a través de la Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones “, confiere a los Departamentos nuevamente las competencias que en materia de ordenamiento territorial había otorgado la Ley 388 de 1997, dentro de las cuales se destacan la de establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio y la de articular sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico – territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de Planes de Ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
En este contexto, el Departamento de Cundinamarca en cumplimiento a lo ordenado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – LOOT, actualmente está adelantando la construcción de la Visión de largo plazo para el Departamento de Cundinamarca y de sus directrices y orientaciones de ordenamiento territorial para todo su territorio, como insumo primordial para formular en un futuro el Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de Cundinamarca.
¿Cuáles normas rigen para el desarrollo de una construcción, parcelación y en general para el desarrollo urbanístico?
La Ley 388 de 1998, en el numeral 1 del artículo 99, señala que licencias de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rural, se otorgarán con sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial, planes parciales y a las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan. Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento.
Posteriormente, el Decreto 1052 de 1998 "Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas" en su Artículo 21 - Sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial -, ratifica lo consignado en el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, adicionando que a partir del 24 de enero de 1999 sólo podrán expedirse licencias de urbanismo y construcción o sus modalidades de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Después mediante el Decreto 564 de 2006, “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones”, Derogado por el 1469 de 2010 excepto los artículo 122 a 131, que señala: precisa en el Artículo 3°. Competencia, que el estudio, trámite y expedición de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión, y construcción, corresponde a las oficinas de planeación o la dependencia que haga sus veces, al igual que la expedición de las licencias de intervención y ocupación del espacio público.
Más adelante en el Artículo 7°., se precisa que la licencia de construcción y sus modalidades corresponde a la autorización previa para desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad que regule la materia.
Por último, mediante el Decreto 1469 de 2010, “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”, siendo a la fecha el instrumento normativo que rige y regula el desarrollo urbanístico.
El anterior marco normativo establece que es a través de las disposiciones emanadas del Plan de Ordenamiento Territorial, donde surge la norma que rige y regula la expedición de licencias, siendo la Oficina de Planeación Municipal o la dependencia que haga sus veces, la entidad competente para efectos de todo lo relacionado con el ordenamiento territorial y lo que este se desprende como las licencias urbanísticas, áreas de construcción, edificaciones, etc.
¿Cuál es la fecha límite y el procedimiento para adelantar el proceso de revisión y ajuste de los POT?
De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley 388 de 1997, el plan de ordenamiento territorial debe definir la vigencia de sus diferentes contenidos que no puede ser inferior, en el estructural de largo plazo, a tres períodos constitucionales; en el urbano de mediano plazo a dos períodos constitucionales; y los contenidos urbanos de corto plazo y el programa de ejecución a un período constitucional. Así mismo señala las condiciones en que procede la revisión y su procedimiento, el cual es el mismo al de su aprobación.
A su vez, el Decreto reglamentario 4002 de 2004 regula a partir de su artículo 5 el proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial al establecer que los Concejos Municipales, por iniciativa del Alcalde y al comienzo de su período constitucional, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo de los POT, siempre y cuando haya vencido el término de vigencia de éstos.
Considera además, que por razones excepcionales de interés público, o de fuerza mayor o caso fortuito, el Alcalde municipal podrá iniciar en cualquier momento el proceso de revisión del Plan o de alguno de sus contenidos, explicando las circunstancias que originan y ocasionan la declaratoria de desastre o calamidad pública.
Lo anterior, aunque restringe el marco de actuación del representante legal de la entidad territorial para efectos de realizar la revisión y ajuste de su plan de ordenamiento territorial, no implica que sólo pueda realizarse el mismo al momento de causarse tales eventos, como quiera que el artículo 6° del decreto en mención, permite en cualquier momento, a iniciativa del Alcalde municipal, la modificación excepcional de algunas normas urbanísticas de carácter estructural o general del POT, que tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes general y urbano, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los motivos que dan lugar a su modificación.
Reitera, también, que todo proyecto de revisión y modificación del POT, o de alguno de sus contenidos, se someterá a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación previstas en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997.
De otra parte, la Ley 810 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 12 establece que los Concejos Municipales podrán revisar y hacer ajustes a los POT ya adoptados por las entidades territoriales y por iniciativa del alcalde y, posteriormente, el Decreto 2079 de 2003, “Por el cual se reglamenta el artículo 12 de la Ley 810 de 2003”, precisa en el artículo 1º que las revisiones y ajustes a que hace referencia el artículo anteriormente citado, se someterán a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación previstos en los artículos 24 (Instancias de concertación y consulta) y 25 (Aprobación de los Planes de Ordenamiento), de la Ley 388 de 1997.
Así mismo, la Ley 902 de 2004, “Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones”, ratifica que las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para la aprobación del plan de ordenamiento territorial y que las mismas deberán soportarse en parámetros e indicadores de seguimiento.
Adicionalmente, la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”, en su Artículo 47 Transitorio, dispone que por una sola vez y a iniciativa del alcalde municipal o distrital podrán incorporar al perímetro urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión urbana requeridos para el desarrollo y construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario VIS y VIP, mediante el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, que será sometida a aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en artículo 24 de la Ley 388 de 1997. Esta acción se podrá adelantar durante el periodo constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2012 y 2015, siempre y cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones:
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Se debe tratar de predios que cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y que tengan garantizada su conexión y articulación con los sistemas de movilidad existentes en el municipio o distrito.
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Los predios así incorporados al perímetro urbano quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997. Para su ejecución se aplicarán las normas del tratamiento urbanístico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni de otro instrumento de planificación complementaria para su habilitación. En el proyecto de acuerdo se incluirá la clasificación de usos y tratamientos específicos del suelo;
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Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de conservación y protección ambiental, tales como las áreas del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas de especial importancia ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo de protección, en los términos de que trata el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concertación ambiental que fundamentó la adopción el plan de ordenamiento vigente;
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Estos predios quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria, de que tratan los artículos 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.
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Aquellos municipios cuyas cabeceras municipales y centros poblados rurales (corregimientos y veredas) que estén incluidos en una de las siete (7) reservas forestales creadas por la Ley 2da de 1959, podrán presentar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitud de sustracción rápida y expedita para los lotes que se destinen a vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), para lo cual se expedirá por parte de dicho Ministerio la resoluciones correspondientes.
Además de los instrumentos previstos en la ley, a iniciativa del alcalde municipal o distrital, se podrá modificar el uso del suelo de los predios localizados al interior del perímetro urbano o de expansión urbana, que puedan ser destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, mediante el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Este ajuste se someterá a aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en la Ley 388 de 1997, o mediante la expedición de decretos por parte de la autoridad municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial contemple la autorización para el efecto. Estos predios quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria, de que trata el artículo 52 y subsiguientes de la Ley 388 de 1997.
Si transcurridos treinta (30) días desde la presentación del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el artículo en mención, sin que el concejo municipal o distrital adopte decisión alguna o lo niegue sin base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto.
Es necesario precisar que la Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 Todos por un nuevo País, a través del artículo 91, modificó el artículo 47 de la Ley 1537 de 2012 citado anteriormente, ampliando su tiempo de aplicación para el periodo constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2012 y el 2020, y por una sola vez.
